Contrario a lo que se piensa, la propuesta hecha por algunos economistas y analistas políticos para que las comunidades campesinas o nativas participen como socias de las empresas en la exploración o explotación de los yacimientos mineros ha tenido rebote en los CEO empresariales. Sin embargo, el rechazo empresarial ha sido tan contundente que la idea se asemeja a la luz de un cometa que se apaga al ligero roce con la tierra. Incluso la titular de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, promovió una reunión para discutir ideas alrededor del tema, no obstante que Roque Benavides declaró que convertir a las comunidades en socias es sencillamente “jalado de los pelos”. 

Sucede que en las sociedades libres la piedra angular del contrato social es el derecho de propiedad. Por tanto es extraño que los empresarios aparten de la discusión los argumentos sostenidos por algunos economistas y analistas, ya que -como se sabe- la propiedad es la base de la empresa moderna. ¿No hay allí acaso una contradicción? Pues bien, según la teoría, la arquitectura de una sociedad se construye sobre la base de los derechos civiles, entre ellos a la propiedad privada. Es innegable que la oposición de los empresarios no se encuentra en la teoría. Entonces, ¿por qué muestran resquemores para que las comunidades campesinas sean socias o propietarias del subsuelo, tal como en otros países?

El argumento principal de ese sector empresarial sostiene que el eje de los conflictos sociales radica en la incapacidad de las autoridades estatales para gestionar los recursos fiscales que las empresas otorgan a través de los gravámenes -canon o regalías- y cerrar necesidades históricas en infraestructura, educación o salud. El problema no supone, según este enfoque, la titularidad de la propiedad del suelo o subsuelo, o como en convertir a las comunidades campesinas en socias, sino en la eficiencia y eficacia del estado. En cierta forma, razón tienen. Por ejemplo, el nuevo Mapa de Pobreza Provincial y Distrital publicado por el INEI señala que 14 de los 32 distritos que han reducido su pobreza en más de 30% tienen yacimientos mineros y a todas sin excepción se les destinan regalías. De los 20 distritos más pobres, que ahora se han movido a la sierra norte, más de la mitad tienen canon y regalías mineras pero varias llegan apenas al 40% de ejecución del gasto a poco más de 120 días para acabar el año. No es necesario adentrarse en los marasmos como, por ejemplo, San Marcos, en Ancash, donde campean la corrupción y la ineficiencia.

Pero ese argumento no es sólido si queremos construir una sociedad libre, donde -como dijimos- la arquitectura societal se cimienta en los derechos civiles, es decir la propiedad. De alguna u otra manera las reformas del velascato redistribuyeron el suelo que estaba concentraba en pocas manos. Hoy vemos, por ejemplo, que en lugar de señores terratenientes ha surgido una nueva clase media rural, y que en lugar de “barones del azúcar” existen sociedades anónimas con accionariado difundido que ha propiciado la emergencia de un capitalismo popular inédito en la historia republicana. Ello no justifica en absoluto la tragedia de las cooperativas y el fracaso del estado empresario del velascato.

Sin embargo, ahora es el subsuelo el que se concentra en torno a grandes concesiones. Como escribió el barbudo de Tráveris, corrigiendo a Hegel: la historia se repite como tragedia o como comedia. Hoy es el subsuelo el que está en pocas manos. Ergo, ¿por qué no construimos una sociedad libre otorgándole legítimos derechos de propiedad del subsuelo a las comunidades campesinas y/o las hacemos socias con plenos derechos y deberes para mitigar los futuros conflictos?

Rechazar el debate no beneficia la construcción de un país moderno sino todo lo contrario. Los empresarios deben ayudar a construir una sociedad de propietarios, garantía de la democracia, exigiendo que el estado otorgue derechos sobre el subsuelo a las comunidades campesinas. ¿O acaso la propiedad solo funcionan para ellos y no para las comunidades campesinas?